La Cámara de Representantes de los Estados Unidos Aprueba
el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y la República Dominicana

México, D.F., 28 de julio de 2005 — “Gracias al liderazgo y habilidad del presidente Bush para presentar ante la Cámara de Representantes la propuesta de ley respecto al Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y la República Dominicana, reafirmando el compromiso de los Estados Unidos con los mercados abiertos, los ciudadanos centroamericanos y dominicanos podrán disfrutar de nuevas oportunidades económicas”, dijo hoy el Embajador de los Estados Unidos en México, Tony Garza, luego de que fuera anunciada la aprobación del tratado comercial.

“Exportadores y productores estadounidenses también se beneficiarán de un mayor acceso a los mercados de estos importantes socios, lo que resultará en nuevos empleos y mayor crecimiento interno”, agregó el Embajador.

Los Estados Unidos se complacen en informar que la Cámara de Representantes aprobó hoy la ley del Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y la República Dominicana. En una declaración elogiando dicho suceso, el presidente George Bush describió el acuerdo como “un compromiso por parte de las naciones amantes de la libertad para promover la paz y la prosperidad en el Continente Americano”. También dijo que “espera con entusiasmo firmar muy pronto el documento que promulgue la ley”.

El acuerdo antes mencionado es parte esencial de la agenda de libre comercio para América Latina de la administración del presidente Bush. Generará riqueza y prosperidad a través de la apertura del mercado estadounidense a productores azucareros y manufactureros de textiles – entre otros – procedentes de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Por su parte, las empresas estadounidenses disfrutarán de un acceso sustancial a los mercados de las industrias de servicios, turismo, energía y telecomunicaciones de esos países, constituyendo un beneficio común gracias a una mayor calidad de bienes y servicios, a precios menores.

Debido a que el acuerdo requiere de un ambiente con mayor transparencia y acceso a información pública, ayudará a promover los derechos laborales y fortalecer a líderes y organizaciones civiles que encabezan la lucha contra la corrupción. El acuerdo también prevé el establecimiento y puesta en vigor de normas ambientales y el fortalecimiento de la sociedad civil.

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